La Ley 11/2018, de 28 de diciembre en materia de información no financiera y diversidad marcaba un antes y un después para las grandes empresas españolas, que pasaban a tener que publicar resultados no sólo financieros, sino también sociales y medioambientales derivados de su actividad. Es el bien llamado “triple balance” que, frente al “balance único” anterior, psicológicamente obliga a la gran empresa a tomar conciencia de que opera en una sociedad, en un planeta, y que sus operaciones tienen siempre impactos positivos o negativos en estos y, además, se pueden medir.

Como última progresión en este aspecto, el año pasado el Parlamento Europeo promulgó la Directiva (UE) 2022/2464 que no sólo avanzaba en la manera de presentar estos datos, de un modo mucho más preciso y estandarizado, sino que además y por primera vez en la historia, se amplía el ámbito de aplicación obligada al mundo de la pyme. En este primer periodo, sólo para aquellas pequeñas y medianas empresas que estén cotizando en bolsa, aunque el despliegue de este requisito se extenderá a un mayor universo pyme en las futuras directivas en esta materia.

Nuestras empresas son ya hoy y continuarán siendo líderes en sostenibilidad medioambiental y social. Una ventaja que permitirá competir en un mundo global y cada vez más obsesionado por el impacto negativo que los humanos y nuestras economías dejamos a nuestro paso. Interpretar estos avances como una oportunidad competitiva y adelantarse a ellos en lugar de retrasarlos es hoy día asunto clave en muchos consejos de administración de las pyme españolas.

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