Uno de los principales activos de las empresas radica en sus activos intangibles, entendiendo como tales aquellos que, careciendo de una realidad física, revisten una importancia económica para su titular.

La importancia de estos activos y su valor económico se encuentran estrechamente vinculados a su carácter exclusivo – al hecho de que su titular sea el único que puede producirlos, usarlos o explotarlos – ya que, de poder realizarse por todos los agentes del mercado, no sólo perderían su valor, sino que el titular que ha soportado los costes de creación no recuperaría la inversión realizada y se vería en situación de desventaja competitiva contra quien no ha soportado dicha inversión.

Pese a que nuestro Ordenamiento Jurídico parte del principio de libre imitabilidad (se permite imitar) como principio regulador de la competencia, es también consciente de la problemática anterior y para ello introduce una excepción basada en estos derechos de exclusividad.

Sin perjuicio que, en aquellos sistemas basados en el derecho anglosajón, nos encontramos ante un único concepto de “Intellectual Property”, en la Europa continental podemos dividir estos derechos de exclusividad en tres grandes grupos:

1. aquellos que se engloban bajo el paraguas de la Propiedad Intelectual (obras sujetas a derechos de autor, software y bases de datos)
2. aquellos que se protegen mediante registros de Propiedad Industrial (invenciones, marcas y diseños)
3. aquellos que por no encuadrarse en una u otra pueden ser objeto de secreto empresarial (know how, información confidencial)

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