Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicamos en el BOE la orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a través de los programas “Activa Industria 4.0”, “Activa Crecimiento” y “Activa Ciberseguridad” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y dentro de nuestra Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0 que responde a un triple objetivo:

• Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector industrial.
• Favorecer el modelo industrial de futuro para a industria española, con el fin de potencia los sectores industriales de futuro de la economía española y aumentar su potencial de crecimiento, desarrollando a su vez la oferta local de soluciones digitales.
• Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones.

Para la consecución de estos objetivos, desde la Secretaría General de Industria y de la PYME hemos ido diseñando una serie de programas de apoyo a las empresas industriales de cara a afrontar su transformación digital con más garantías. Entre ellos destacan “Activa Industria 4.0”, “Activa Crecimiento” y “Activa Ciberseguridad”.

El objetivo de estos programas es proporcionar las capacidades necesarias a las empresas para que puedan crecer y ser más competitivas, y se aplicará a través del asesoramiento individualizado en crecimiento empresarial, transformación digital a Industria 4.0 o ciberseguridad, con un plan de acción personalizado para la pyme en cada uno de los programas.

La Escuela de Organización Industrial (Fundación EOI), adscrita a la Secretaría General de Industria y PYME, será la encargada de gestionar estas ayudas que ascienden a 57 millones de euros procedentes del fondo del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y tienen un objetivo de apoyar a 10.400 pymes antes del fin de 2023.

El servicio de asesoramiento individualizado a las pymes beneficiarias se realizará por parte de entidades colaboradoras con experiencia acreditada que serán seleccionadas a través de un procedimiento de licitación en concurrencia competitiva. Tanto este procedimiento de licitación de entidades colaboradoras como las convocatorias de ayudas a pymes se publicarán a partir de septiembre de este año.

Las características de los tres programas de ayudas que se convocarán son las siguientes:

• "Activa Industria 4.0": ofrece un diagnóstico exhaustivo de la situación digital de partida de la empresa y la elaboración de un Plan de Transformación. Programa orientado a ayudar a 3.300 pymes de la industria manufacturera en su transición a Industria 4.0.
• "Activa Crecimiento": ofrece un análisis de la empresa con objeto de detectar sus áreas potenciales de crecimiento y la elaboración de un Plan de Crecimiento con acciones de mejora concretas en innovación, recursos humanos, operaciones, digitalización, marketing y comercialización y finanzas, entre otras. Programa orientado a beneficiar a 2.600 pymes de todos los sectores, en especial a pequeñas empresas con capacidad de crecimiento empresarial.
• "Activa Ciberseguridad": realiza una auditoría de la empresa en materia de Ciberseguridad para conocer su nivel de seguridad y la elaboración de un Plan de Ciberseguridad. Programa orientado a todo tipo de pymes, con el objetivo de ayudar a 4.500 empresas que deseen mejorar o potenciar sus procesos de ciberseguridad.

En todos los programas, el asesoramiento se complementa con la realización de talleres temáticos y demostrativos. La duración de los programas será de cuatro meses para cada empresa beneficiaria, con 50 horas de asesoramiento en los programas “Activa Industria 4.0” y “Activa Crecimiento” y 20 horas de asesoramiento en el programa “Activa Ciberseguridad”.

Todos los programas descritos están alineados al Marco Estratégico en Política de PYME 2030, a la Agencia España Digital 2025, y se enmarcan en “España Nación Emprendedora”, la visión a largo plazo impulsada por el Gobierno para convertir a España en un país de referencia en emprendimiento innovador en el año 2030.

Acceso a las bases reguladoras